BUENOS AIRES — Los senadores argentinos debatían el martes el proyecto de ley de legalización del aborto en Argentina, una demanda de décadas del movimiento de mujeres que podría cambiar el paradigma en una región en la que prevalece su penalización.

La iniciativa, que se debate en el país natal del papa Francisco, es impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre.

El proyecto establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.

En 2018 el Senado hizo naufragar una iniciativa similar.

La sesión comenzó en torno a las cuatro de la tarde (1900 GMT) y la votación, cuyo resultado es incierto, está prevista para la madrugada del miércoles.

Frente al Congreso, un vallado separa a los activistas a favor del aborto, que se identifican con el color verde, de aquellos que están en contra y tienen al celeste como estandarte, en un contexto de máxima preocupación de las autoridades por el crecimiento en los contagios de coronavirus.

Horas antes del inicio de la histórica sesión, el papa volvió a mostrar su desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo.

“El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”, sostuvo Francisco en su cuenta de Twitter.

El debate es presidido por la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien sólo votará si hay empate. La mayoría de los legisladores están conectados de manera remota debido a la pandemia.

Según legisladores oficialistas, la votación se presenta pareja.

Durante el debate, la oficialista Norma Durango dijo que el Poder Ejecutivo aplicaría un veto parcial a la eventual ley en un intento de lograr el apoyo de algunos legisladores que se muestran críticos con la iniciativa.

El veto sería a un artículo que habilita el aborto después de la semana 14 en el caso de que esté en riesgo “la salud integral” de la gestante, término que, al contemplar tanto la salud física, mental y emocional bajo los estándares de la Organización Mundial de la salud, permite toda interrupción del embarazo, según los críticos.

La también oficialista Silvia García Larraburu señaló que, a diferencia de 2018, esta vez acompañará el proyecto. “Estamos atravesando un cambio de paradigma, que lo lideran las luchas feministas y ambientales”, sostuvo.

“Aprendí que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”, agregó.

Al igual que otros legisladores, señaló que leyes que en su momento “ampliaron derechos” en Argentina fueron resistidas por algunos sectores, como la del divorcio y la del matrimonio igualitario que contempla esa unión para personas del mismo sexo.

El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.

La senadora Silvia Elías de Pérez, del bloque opositor Juntos por el Cambio, dijo que “si llega a convertirse en ley vamos a plantear la inconstitucionalidad”. “Nuestro país se ha obligado a los estándares más altos con la protección de la vida desde el momento de la concepción”, afirmó.

Entre los ausentes en la cámara conformada por 72 miembros están el expresidente Carlos Menem, quien se encuentra hospitalizado en delicado estado de salud, y José Alperovich, de licencia tras ser acusado de violación. Ambos rechazan el aborto.

De los 70 que se espera que estén en el momento de la votación, 43 son hombres. En parte la incertidumbre por la votación obedece a que las fuerzas políticas, incluido el peronismo gobernante, dieron libertad de acción a sus legisladores.

Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en un protocolo que no se cumple en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.

Según el movimiento feminista argentino, que lleva más de 30 años reclamando la legalización del aborto, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada con excepción de Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.

Grupos “defensores de las dos vidas” levantaron un altar con un crucifijo baja una tienda celeste. También colocaron un feto gigante salpicado con pintura roja que simboliza la sangre.

Vestida con un guardapolvo blanco y tapaboca celeste, la maestra Adriana Broni afirmó que si la ley del aborto es aprobada “no voy a enseñar que matar, asesinar a un bebé que no tiene voz es un derecho”.

El proyecto establece que fuera del plazo de las 14 semanas la persona gestante también tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo si fuera resultado de una violación.

Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de edad tendrán que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.

Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.

No se podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley serán reprimidos con una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.

La ley además contempla el aborto dentro de la cobertura integral y gratuita del sistema de salud público y privado.

Junto al aborto también se debatirá el proyecto de ley sobre atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que contempla un ayuda económica para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.

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