Ex policía condenado por trabajar para cártel pierde apelación

Estará en prisión durante 20 años; denuncia haber contraído COVID

Una corte federal de apelaciones negó una apelación presentada por un policía corrupto que cumplía una sentencia de 20 años de prisión por ayudar al Cártel del Golfo a mover cargas de cocaína a través del Valle del Río Grande.

Geovani Hernández, un residente de Weslaco de 46 años, quien trabajaba como sargento para el Departamento de Policía de Progreso cuando fue arrestado, había apelado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito argumentando que su condena por dos cargos de complicidad o complicidad con la posesión intencional de distribuir cocaína, no estaba respaldada por la evidencia. Asimismo, hizo también una reclamación de una ineficiente asistencia legal.

Hernández, quien en un momento fue el jefe del departamento de policía de La Joya, tuvo una carrera que abarcó períodos en la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo, así como en los departamentos de policía de Alamo, Pharr y Weslaco, y terminó al otro lado de la ley cuando fue arrestado el 11 de agosto de 2017.
Después de un juicio de cuatro días el año pasado, un jurado le declaró culpable de los cargos.

En su apelación, Hernández primero argumenta que la evidencia en su contra es insuficiente para respaldar ese veredicto porque no demuestra que tuviera posesión real o constructiva de una sustancia controlada, según el fallo.

Ese fallo dice que cuando Hernández trabajaba con el Departamento de Policía de Progreso hizo un acuerdo con un informante confidencial — Héctor Obed Saucedo-Rodríguez — para proporcionar un pasaje seguro a los vehículos cargados de drogas que pasan por Progreso a cambio de dinero.

Hernández creía que Saucedo-Rodríguez era un asociado del Cártel del Golfo, pero el hombre en realidad trabajaba como informante del gobierno.

Saucedo-Rodríguez, un residente de Pharr, se involucró después de reunirse con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y decirles que podía acercarse a Hernández porque estaba buscando abrir establecimientos ilegales de ocho líneas y un amigo le dijo que Hernández podría ayudarlo con eso, según los archivos del The Monitor .

Con el tiempo, esa relación pasó del juego ilegal al tráfico de drogas.

Según el fallo, Hernández aceptó el pago de Saucedo-Rodríguez el 15 de julio y el 21 de julio de 2017, por realizar actividades de exploración en nombre de los narcotraficantes, que en realidad eran agentes federales.

“En la primera cita, Hernández usó su vehículo privado, pero en la segunda cita, Hernández usó su patrulla marcada para explorar el área y despejar el paso seguro para el vehículo de carga. Un jurado racional podría encontrar que Hernández brindó protección para las cargas de droga, conducta que es el tipo de acción de apoyo que prueba su participación en la actividad criminal”, afirma el fallo.

Los jueces federales de apelación también señalan que Hernández se reunió con Saucedo-Rodríguez para discutir las cargas de drogas, actuar como un explorador y aceptar el pago, lo que denota intención criminal.

“ Según Hernández, no había evidencia de que realmente poseyera o poseyera constructivamente una sustancia controlada. Sin embargo, ayudar e incitar a la posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuir no requiere que el Gobierno demuestre la posesión real o constructiva”, afirma el fallo.

Por último, Hernández argumentó que su abogado en el juicio prestó asistencia ineficaz al no renovar una moción de absolución al cierre de la prueba durante el juicio para preservar su reclamo de prueba insuficiente.

“ Por lo general, no consideraremos los méritos de un reclamo de ineficiente asistencia legal en una apelación directa. Nos negamos a considerar el reclamo de asistencia ineficaz de Hernández en este momento, sin perjuicio de la revisión de la garantía”, afirma el fallo.

Los registros judiciales también indican que Hernández afirma haberse enfermado de COVID-19. Al respecto ha presentado tres mociones de liberación compasiva desde el 22 de julio, diciendo que dio positivo por COVID-19 el 30 de abril.

En esas mociones, Hernández acusa a la Oficina de Prisiones de ser negligente en el cuidado de los presos durante la pandemia.

Un juez no se ha pronunciado sobre las mociones.

A su vez, también dice en esas mociones que mantiene su inocencia en su caso.

Hernández está previsto que sea liberado en 2035. Él tendrá 61 años.

 

mreagan@themonitor.com