Cabildo de Matamoros considera actuar en contra de acciones del gobernador de Tamaulipas

Por AURORA OROZCO/El Nuevo Heraldo

MATAMOROS — Miembros del Cabildo de Matamoros advirtieron este mediodía que podrían presentar una controversia constitucional en contra del decreto del gobierno de Tamaulipas donde le retiran el control operativo y financiero de seguridad pública al gobierno municipal.

El pasado 22 de septiembre, el Gobierno del Estado emitió un decreto mediante el cual asume el mando de las corporaciones policiacas, acusando que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha sido omisa en atender la situación de fuerza mayor y afectación grave al orden público.

En conferencia de prensa, donde no se permitieron preguntas de los medios de comunicación, los integrantes de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública del Cabildo señalaron que “el Cabildo es la autoridad que por unanimidad o por mayoría asume las determinaciones que han de regir el actuar municipal”, dijo Adolfo Iván Puente Acosta, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo.

Puente Acosta agregó que, “si bien es cierto que el artículo 115 Constitucional en su fracción VII establece que: ‘La policía preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público’”.

“No es menos cierto que la motivación esgrimida para la aplicación de esa disposición no es veraz, ni suficiente, ni integra, ni legal de manera contundente, expresó ante los medios de comunicación”, dijo Puente Acosta.

Por su parte, el secretario de la Comisión, David Alfonso Bedartes Rodríguez expresó el desacuerdo de integrantes del Ayuntamiento al citado decreto gubernamental, en donde hace referencia a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue omisa al no intervenir en el evento que alteró el orden público, esto, agregó, porque la corporación municipal no está facultada, ni capacitada para actuar en ese acto.

“En todo caso”, dijo Bedartes Rodríguez, “quien debió y pudo actuar, y no lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable del Gobierno del Estado asignada a este municipio, dependencia que tuvo conocimiento de los eventos expuestos en el decreto”.

Los miembros del Cabildo fueron tajantes al señalar que “sí el decreto gubernamental no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo que su contenido implique, desde ahora, manifestamos que se analiza la pertinencia de promover la controversia constitucional que proceda en contra del decreto que se habla para restablecer la autonomía municipal”.

En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico, Isidro Jesús Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se actúe de manera jurídica porque el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal, con un convenio de colaboración firmado, pero todo pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el orden constitucional.