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Visa U, una salida para víctimas de violencia
JAZMINE ULLOA
Irrumpió con rabia una noche, azotándola contra la pared mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su estómago en un esfuerzo por proteger su vientre. El, como remolino andaba por la casa, gritando, maldiciendo, “rompiendo todo lo que estaba a la vista”, recuerda ella.
Cuando él se fue, había vidrios rotos y lágrimas por todo el piso. Ella llamó a la policía, luego tomó la decisión - probablemente la más difícil que haya hecho - presentar cargos en contra de su esposo. Una mujer inmigrante de la pequeña comunidad mexicana de Silacayoapan, Oaxaca, México, no tenía ningún documento legal, ningún ingreso estable, ningún miembro de su familia cerca.
“Sentí que no tenía ningún lugar a donde ir, que él era mi única salvación, que sin él, no podía hacer nada”, dice ella, suspirando profundamente. Pero tenía seis meses de embarazo, y su hijo, entonces de 16 años de edad, había sido testigo del maltrato.
Aunque no lo sabía entonces, el reporte de la policía que ella presentó esa noche en el 2006 se convertiría en su salida. Al reportar el maltrato a las autoridades, la mujer inmigrante, quien pidió no ser identificada por temor a represalias de su esposo, se hizo elegible para una Visa U, un estado legal temporal para las víctimas de delitos violentos en los Estados Unidos que cooperan en las investigaciones de delitos.
La visa fue creada a través de la Ley de Víctimas de Violencia y Tráfico de 2000 para animar a una población de inmigrantes vulnerables a reportar los delitos sin temor a ser deportados. Pero requirió de siete años para que el Departamento de Seguridad Interna expidiera los reglamentos que gobernarían el proceso de solicitud, un retraso que ha empantanado a las agencias de servicios legales que auxilian a los solicitantes de visa en una maraña burocrática.
Del 2000 hasta octubre del 2007, mientras las reglas estaban bajo negociación, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos no otorgó la visa, sino, “alivio temporal”, que tenía que renovarse cada año y autorizaba el trabajo y viaje, pero no el estado legal.
La próxima semana, termina el período de alivio temporal - lo cual significa que para entonces, todos los que han calificado para el estado temporal deben haber presentado toda su papelería nuevamente bajo el nuevo proceso de solicitud.
Eso ha atado y retrasado a las agencias de servicio legal en los últimos dos años. Antes de que se establecieran las reglas formales, las agencias habían creado sus propias formas, resolviendo los problemas a como se iban presentando, dijo Celestino Gallegos, abogado de inmigración de Texas Río Grande Legal Aid en Edinburg.
“Era algo gradual, un proceso que consumía mucho tiempo”, dijo, y de cierta manera “volvía a hacer víctimas” a los inmigrantes por su lentitud e incertidumbre. Ahora los nuevos reglamentos requieren de documentación adicional o registros que algunos solicitantes ya no tienen, colocando a las víctimas a través de otro largo proceso, dijo Gallegos.
“El Congreso intenta que las víctimas tengan un alivio migratorio. No creo que el Congreso tuviera la intención que quedaran aplastados por la burocracia”, dijo. “Debió haber sido, desde el principio, un proceso simple”.
Algunos defensores de inmigración dijeron que la reorganización burocrática después del 11 de septiembre ha ocasionado el retraso en los reglamentos, otros dijeron que el cambio en administración ahora ha acelerado el proceso. Pero establecer el criterio y el entrenamiento para los oficiales de inmigración fue un procedimiento complejo, que tomó tiempo, dijo Chris Rhatigan, vocera de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
La agencia de inmigración nacional está haciendo progreso, dijo ella. Puede otorgar visas para hasta 10 mil solicitantes además de miembros de la familia cada año fiscal, de acuerdo con el límite establecido por el Congreso. Mientras que un poco más de 50 fueron aprobados en el 2008, alrededor de 6 mil fueron aprobadas al siguiente año, dijo Rhatigan. Este año, la agencia ha comenzado a procesar más de 11 mil solicitudes.
“Realmente hemos hecho un esfuerzo tremendo para servir a esas personas que no han respondido a nuestra petición de información adicional (para la solicitud de visa)”, dijo.
Proyecto Libertad, una agencia de servicios legales de inmigración en Harlingen, ha ayudado a 80 solicitantes a calificar para la visa e igual que otras agencias de servicio del área, tiene docenas de más solicitudes pendientes. A pesar del retraso, Juan Ríos, un coordinador asistente en Proyecto, exhorta a las personas a no desalentarse.
“Estamos ayudando a las personas, no al ritmo que queremos, no al nivel que la comunidad está exigiendo”, dijo. “Pero queremos que las personas todavía regresen y hagan preguntas y que conozcan cuales son sus derechos”.







